Las autoridades de la ley y el orden de Ucrania, así como varias organizaciones internacionales continúan recogiendo y analizando numerosos hechos de la violación, por la Federación de Rusia, de las normas y principios del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, en algunas áreas de las regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania.
Los hechos ya establecidos y confirmados testimonian, de manera irrefutable, que Moscú sigue financiando, apoyando y entrenando a los militantes con el objetivo de usarlos en la agresión armada contra Ucrania, socavando la soberanía y la integridad territorial del país. La información recogida complementa la existente base probatoria contra el país-ocupante, ya presentada, junto con otros materiales, a la Corte Penal Internacional.
La parte ucraniana está dispuesta a apoyar de todas las maneras posibles la investigación en marcha de los respectivos crímenes llevada a cabo por las entidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, inclusive por medio de la entrega a dichas organizaciones de materiales recogidos que comprueban los crímenes del Kremlin contra Ucrania.
La Fiscalía Militar General de Ucrania, en el ámbito de la investigación prejudicial por el hecho de haber desatado una agresión militar contra Ucrania que ha resultado en el fallecimiento de personas y otras consecuencias graves, llegó a imputar a 79 personas, incluidos 49 ciudadanos de Rusia. 30 personas, entre los cuales 11 ciudadanos rusos, incluidos 3 militares activos de las FFAA rusas, fueron condenados a la prisión con términos de encarcelamiento entre 3 a 15 años.
Por su turno, la Policía Nacional de Ucrania está investigando 429 casos relacionados con la actividad terrorista en el Este de Ucrania, mientras que los casos de otras 56 personas ya fueron enviados a juicio oral.
Los órganos judiciales de Ucrania, según los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General, durante el período de 2014 a 2017 han examinado casos de 1170 personas acusadas de acciones ilícitas relacionadas con la creación de grupos armados o paramilitares ilegales en el territorio del Donbás. Además, 640 personas fueron reconocidas culpables por haber cometido delitos relacionados con la preparación y efectivación de actos terroristas, creación de grupos u organizaciones terroristas o el financiamiento del terrorismo.
En cuanto a la involucración de la Federación de Rusia en el conflicto, los Servicios de seguridad e inteligencia exterior de Ucrania han recogido una serie de pruebas irrefutables de la financiación del terrorismo por parte de Moscú.
Esa actividad se realiza por medio de los suministros de armas, municiones y material bélico a la región, el apoyo financiero de los militantes de las llamadas “Repúblicas Populares” de Donetsk y Luhansk (“DNR” y “LNR”) bajo la sombrilla de numerosas “organizaciones cívicas” falsas, el reclutamiento y entrenamiento militar de los combatientes jóvenes de dichas “repúblicas”. Además, fue confirmada la participación directa en las hostilidades en el Este de Ucrania, de por lo menos 6 destacamentos de fuerzas especiales de la Guardia Nacional de Rusia, además de varias unidades de fuerzas especiales regionales “OMON” y “SOBR”.
Considerando que la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), a partir del 17 de julio de 2018, abarcará también los crímenes de agresión, es importante saber la opinión de dicha entidad sobre el conflicto en el Donbás. Así, en su Informe preliminar publicado el 4 de diciembre de 2017, la Oficina del Fiscal de la CPI confirmó la existencia de un conflicto armado internacional en el Este de Ucrania desde el 14 de julio de 2014, a más tardar. El objeto del estudio de la Oficina del fiscal de la CPI son crímenes como asesinatos, destrucción de la propiedad privada, detenciones, torturas, delitos sexuales y desapariciones forzadas.
Además, la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE sigue recogiendo los hechos de la participación directa/indirecta de Rusia en la agresión militar contra Ucrania.
Todos los hechos arriba mencionados demuestran claramente que, a pesar de seguir negando su involucración en el conflicto armado en el Este de Ucrania, Moscú sigue siendo un partícipe activo de ese conflicto. La parte ucraniana está firmemente determinada a continuar recogiendo la necesaria base probatoria y realizar investigaciones pertinentes con el fin de invocar la responsabilidad de las máximas autoridades de Rusia, así como de las organizaciones terroristas “DNR” y “LNR” y todas las personas relacionadas, que estén involucradas en serias y numerosas violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y delitos militares que han provocado consecuencias de alta gravedad, incluidos los asesinatos en masa de ciudadanos ucranianos.
12 de enero de 2018
Embajada de Ucrania en la República Argentina