UCRANIA: CUATRO AÑOS DE CONFLICTO CON RUSIA

Excelentísimo Señor Embajador Hernán Massini Ezcurra,

Estimados Señores Miembros del Comité Ejecutivo del CARI, representantes de la Cancillería Argentina,

Excelentísimos Señores Embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático y de los círculos académicos, profesionales de comunicación,

Damas y Caballeros,

En primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la directiva del CARI, y en especial, al Grupo de Trabajo de Estudios Contemporáneos del Espacio Euroasiático, por ofrecerme esta posibilidad de intervenir hoy en este prestigioso think-tank para exponer algunas visiones sobre la actualidad política en torno a mi país, Ucrania, en este mes de marzo cuando estamos conmemorando el 4º aniversario de la anexión ilegal de Crimea y del inicio de la agresión armada de Rusia.

Es mi tercera sesión en el CARI después de las conferencias que dicté en abril de 2014 y en mayo de 2016, en las que tuve la oportunidad de expresar las opiniones y puntos de vista del Gobierno Ucraniano sobre las acciones beligerantes de Moscú con relación a mi país, cuyo pueblo en el frío invierno de 2013-2014 optó por abandonar la doctrina del “mundo ruso” y romper definitivamente con el concepto autocrático del “Espacio euroasiático”, implantado por el Kremlin, y emprender un viraje decisivo hacia Europa, hacia los valores de libertad y democracia que priman en la comunidad de las naciones europeas.

Lamentablemente, después de mi última intervención aquí hace dos años, la situación no ha mejorado, sino que ha adquirido un carácter aún más peligroso no solamente para Ucrania, sino también para el propio concepto de la democracia occidental, el cual se ha visto claramente amenazado por las últimas acciones de Rusia en el Reino Unido, Estados Unidos y en muchos otros países.

Durante los últimos cuatro años tanto Ucrania, como toda la Europa, viven bajo las condiciones de la guerra con Rusia. Y es una de las peores guerras posibles – tanto por el hecho de no ser declarada, como por su carácter híbrido, donde el adversario usa todos los medios a su alcance para socavar los principios básicos del derecho internacional y de los derechos humanos. La ocupación ilícita de Crimea, el despliegue de las tropas rusas en el este de Ucrania para respaldar a sus títeres separatistas, el derribo del avión de Malasian Airlines MH17 en julio de 2014, los bombardeos con armas pesadas rusas de las aldeas ucranianas, centenos de ucranianos perseguidos por razones políticas en el territorio ocupado de Crimea y en Rusia, más de 10 mil muertos en Ucrania, 1 millón 800 mil desplazados internos – son apenas algunas de las consecuencias de las acciones rusas en Ucrania.

Al mismo tiempo, todos somos testigos de una avalancha de propaganda rusa en casi todos los países del mundo, basada en las noticias falsas, la propagación masiva de los “fake news”, la intromisión en los procesos electorales en varios estados europeos y en los EEUU, los ciberataques contra entidades públicas de varios países, las amenazas al mundo entero con el “nuevo” conjunto misilístico hipersónico y otras armas sofisticadas, y finalmente el uso de armas químicas, prohibidos por convenios internacionales, en el territorio soberano del Reino Unido. Todo esto representa una nueva dimensión de la guerra, que lleva Rusia contra todo el mundo civilizado durante los últimos años. Y justo hoy vimos una respuesta muy fuerte y solidaria de los países democráticos al último ataque ruso con armas químicas en Salisbury – en solidaridad con el Reino Unido, otros 22 países del mundo tomaron la decisión de expulsar a más de una centena de “diplomáticos” (espías) rusos, incluidos los EEUU, Canadá, Ucrania y 16 países de la UE (Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Lituania, República Checa, Finlandia, Estonia, Letonia, Rumania, Croacia).

Me gustaría ahora hacer una pequeña excursión histórica para recordar en rasgos generales cómo comenzó el conflicto que hoy estamos discutiendo. Fue en noviembre de 2013, con el inicio de la Revolución de Dignidad en Ucrania cuando Moscú se dio cuenta que muy pronto en Ucrania no solo cambiaría el régimen político que ya no sería tan dependiente de Rusia, sino también que Ucrania se alejaría del área de la influencia rusa, eligiendo el futuro europeo. Como dijo el famoso analista norteamericano Zbigniew Brzezinski en 1997, sin Ucrania Rusia deja de ser un imperio euroasiático. Y los líderes del Kremlin no podrían permitir que esto sucediera.

Aprovechando la ocasión, Moscú empezó la campaña preparativa para la anexión ilícita del territorio ucraniano. Desde diciembre de 2013, paralelamente con las protestas anti-corrupción en el Maidán (Plaza de Independencia de Kyiv), Rusia empezó a organizar en la península las protestas pro-rusas. Fue creada una amplia red de inteligencia en Crimea, dispuesta en cualquier momento a calentar la situación en la península. Al mismo tiempo, Rusia “compraba” en masa a los funcionarios de diferentes órganos de gobernación de Crimea.

Se considera que la anexión abierta de la península de Crimea por el ejército ruso comenzó el 20 de febrero de 2014. En ese momento Viktor Yanukovich todavía estaba en el cargo del Presidente de Ucrania. Este hecho contradice a las declaraciones de las autoridades rusas, según las cuales el proceso de "retorno" de la Crimea a Rusia comenzó el 22 de febrero de 2014 y fue causado por la privación de Viktor Yanukovich de su cargo. Esto también es confirmado por la medalla "Por el retorno de Crimea", en la que está indicada la fecha simbólica de inicio de la anexión de la península de Crimea – el 20 de febrero de 2014.

El 16 de marzo de 2014 se celebró un “referéndum” ilegal e ilegítimo sobre el estatus de Crimea. El mismo se llevó a cabo en contra de la legislación de Ucrania que no prevé referendos locales. Los resultados de este “plebiscito” realizado bajo las miras de fusiles automáticos de los llamados “hombrecitos de verde” (militares rusos sin insignias), sin ninguna observación extranjera, nunca fueron reconocidos por la comunidad internacional. No obstante eso, ya en dos días, el 18 de marzo, en Moscú fue firmado el acta sobre la incorporación de Crimea a Rusia.

Desde entonces la península se ha convertido en un espacio gris en el mapa del mundo. Nadie sabe a ciencia cierta lo que está pasando allí por falta de una presencia internacional permanente para asegurar, por lo mínimo, el monitoreo de la observación de los derechos humanos.

Sin embargo, tomando en cuenta los datos de los servicios especiales, así como los testimonios de las organizaciones no gubernamentales y habitantes de la península, vemos una fuerte militarización de Crimea, que ya ha cambiado la balanza de la seguridad en la región. Rusia está preparando la infraestructura militar de Crimea para el posterior despliegue de las armas nucleares, e inclusivo empezó a recuperar el antiguo programa soviético renovando los silos estratégicos de armas nucleares que antes existían en Crimea. Los portadores potenciales de las armas nucleares ya están desplegados en el territorio de Crimea. En general, la militarización de Crimea complica la situación de seguridad en la región y los esfuerzos internacionales dirigidos a la de-ocupación de la península.

La situación en la esfera de los derechos humanos se deteriora cada día. Han sido registrados muchos casos de las detenciones arbitrarias de los tártaros de Crimea y desapariciones forzadas de personas que están en contra de la política rusa en la península. Los allanamientos de las casas de los tártaros de Crimea y de los ucranianos que viven en la península se convirtieron en una práctica cotidiana de las autoridades rusas de ocupación.

Por ejemplo, Volodymyr Balukh fue condenado a casi 4 años de la privación de libertad sólo por su consciencia civil y la oposición pacífica a la ocupación ilícita de su tierra madre – por el hecho de izar la bandera ucraniana sobre su casa.

Ruslán Zeylullayev, un activista de las manifestaciones anti-rusas en Crimea, fue condenado a 15 años de encarcelación, basándose en acusaciones falsas de haber organizado una asociación terrorista y realizado la actividad terrorista en el territorio de la República Autónoma de Crimea temporalmente ocupada.

Oleh Sentsov, director del cine ucraniano. Está detenido en Rusia desde el mayo de 2014 bajo las acusaciones falsas de participación en actividades terroristas. Condenado a 20 años de prisión. Durante los últimos meses su salud se ha deteriorado mucho, lo trasladan de una prisión en Siberia a otra, muy a menudo sin prestar cualquier información sobre su paradero a su familia, sus abogados y cónsules ucranianos.

El joven ucraniano Pavló Hryb, de apenas 19 años, está acusado de haber preparado un atentado terrorista en la ciudad de Sochi. Los fiscales piden 15 años de prisión para él. Y este joven fue preso por los servicios rusos en el territorio de Belarús – ni siquiera en Crimea – y luego trasladado en secreto a la ciudad rusa de Krasnodar. ¿De qué justicia en Rusia podemos hablar?

Todo esto vuelve a demostrar la necesidad urgente de medidas más activas por parte de la comunidad internacional para proteger los derechos humanos en la Crimea ocupada y garantizar el acceso libre de los organismos internacionales de derechos humanos para vigilar la situación en esta área en la península. Ucrania está haciendo su trabajo por los canales diplomáticos, pero sin la presión adicional sobre Rusia por parte de nuestros socios la tarea se ve muy difícil.

Aquí quiero abrir un paréntesis para mencionar la reacción del mundo a la anexión y la ocupación ilícita de Crimea por Rusia. Estamos muy agradecidos a la comunidad internacional por no reconocer la ocupación de Crimea desde el mismo momento de la anexión ilícita. El 27 de marzo de 2014 la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución “Integridad territorial de Ucrania” con la mayoría absoluta de votos (100 votos – a favor, 11 – en contra). Con esta resolución, el órgano político más importante y más representativo de las Naciones Unidas ha confirmado su apego a la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. La Asamblea General ha llamado a que no sea admitido cualquier cambio del estatus de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastópol a base de un referéndum ilegal.

Además de numerosas resoluciones de tales organizaciones europeas como la OSCE y el Consejo de Europa y de sus asambleas parlamentarias, donde Rusia está nombrada directamente como agresor y estado ocupante, otros importantes documentos internacionales que fueron aprobados sobre el tema son las resoluciones de la Asamblea General de la ONU “Situación de los Derechos Humanos en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastópol (Ucrania)” adoptadas consecutivamente en diciembre de 2016 y 2017. Estos documentos contienen definiciones claras y precisas sobre el estatus de Crimea y de la ciudad de Sebastópol como parte del territorio de Ucrania, condenan la ocupación temporal de la península de Crimea por la Federación de Rusia y no reconocen la tentativa de su anexión por parte del estado-ocupante.

Uno de los elementos clave de dichas Resoluciones es el llamado para asegurar un acceso sin trabas de los mecanismos internacionales de la protección de derechos humanos a la península temporalmente ocupada para realizar el monitoreo e informes sobre la situación, de acuerdo con su respectivo mandato. En primer lugar, ese llamado es dirigido al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a su Misión del Monitoreo de la Situación en la esfera de DDHH que está funcionando en Ucrania.

Otra respuesta de la comunidad internacional a la ocupación ilícita de Crimea es la introducción de las sanciones económicas. Más de 40 países del mundo las han introducido, entre los cuales – la UE, los EEUU, Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, para mencionar algunos. Consideramos esas sanciones, que les cuestan bastante caro a los propios países que los aplican, no como un castigo contra el pueblo ruso sino como una herramienta para obligar Moscú a retornar al cauce del derecho internacional, a hacer a las autoridades rusas cumplir con sus compromisos bajo los acuerdos bilaterales y multilaterales.

Un paso importante para consolidar la política internacional del no reconocimiento de la anexión de Crimea fue la Inclusión en la lista de sanciones de los miembros del Parlamento ruso, quienes habían sido “elegidos” en la Crimea ocupada en violación del derecho internacional. En general, todos los procesos seudo-electorales que fueron organizados durante 2014-2018 por la Federación de Rusia en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados, tanto de ámbito regional, como federal, no han sido reconocidos por Ucrania ni por la comunidad internacional. De este modo, la votación ilegal en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania tergiversa hasta los resultados de las recientes elecciones presidenciales rusas en su totalidad y, pone en tela de juicio su legitimidad.

Estamos satisfechos de que la nueva administración de los EEUU no solamente no tiene intención de levantar o aflojar los paquetes de sanciones relacionados con Crimea hasta la restauración de la integridad territorial de Ucrania, sino que en varias ocasiones ya ha ampliado y reforzado dichas sanciones. Esta es la posición oficial de Washington que ha sido confirmada en diferentes ocasiones por el mismo presidente Trump y por altos funcionarios de su Gobierno.

Alentamos a todos nuestros socios a mantener la presión política y sanciones económicas como las herramientas más eficaces para garantizar la de-ocupación de la península de Crimea.

Al mismo tiempo, Ucrania no considera ninguna posibilidad de la devolución de Crimea por fuerza y sigue con la búsqueda de mecanismos legales de solución de la situación en torno a Crimea.

Así, en enero de 2017 presentamos la demanda formal contra Rusia a la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya por haber organizado un seudo-referéndum para legitimar la anexión ilegal de Crimea y de la ciudad de Sebastópol en 2014 y de discriminar y maltratar a los tártaros y a los ucranianos étnicos en la península. De manera formal demandamos a Rusia por el hecho de violar dos documentos internacionales de los que ambos países son parte:

-         el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999) y

-         la Convención internacional por la eliminación de todas las formas de discriminación racial (1965).

El 19 de abril de 2017 la Corte Internacional de Justicia de la ONU adoptó una decisión calificativa en el caso de Ucrania contra la Federación de Rusia, en lo que se refiere a la aplicación de medidas provisionales. Según esta decisión de la Corte, la Federación de Rusia, en la Crimea ocupada, debe abstenerse de mantener o introducir nuevas restricciones de los derechos de la comunidad tártara de Crimea en lo que toca a la preservación de sus instituciones representativas, incluido el Medjlis (Congreso) del Pueblo Tártaro de Crimea; y asegurar el acceso a la educación en la lengua ucraniana.

En lo que se refiere a la aplicación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Corte confirma la existencia del litigio entre Ucrania y la Federación de Rusia sobre la aplicación del Convenio; reconoce el cumplimiento, por parte de Ucrania, del procedimiento prejudicial necesario; reconoce su jurisdicción preliminar (prima facie) en este litigio.

Además, es importante que la Corte espera que la Federación de Rusia y Ucrania, como las partes del proceso de Minsk, realicen sus medidas individuales y conjuntas con el fin de implementar completamente el "Conjunto de medidas para el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk".

Sin embargo, el proceso de la justicia internacional es extremadamente largo. En continuación de la decisión calificativa adoptada, Ucrania debe presentar sus pruebas en el caso hasta el 12 de junio de 2018, y la Federación de Rusia debe presentar su respuesta hasta el 12 de julio de 2019.

Por el momento, desde todo el sistema de la ONU solo el Consejo de Seguridad sigue siendo un testigo impasible de la agresión rusa contra Ucrania. La explicación es evidente – el derecho de veto que Rusia, fiel heredera de la tradición soviética, ha usado y del que ha abusado más de 20 veces – no solamente en todas las ocasiones cuando se pretendió aprobar alguna resolución en apoyo a Ucrania, sino también para encubrir las acciones criminosas del régimen sirio de su aliado Bashar al-Asad. Para nosotros, este mecanismo que nació junto con la ONU a raíz de la Segunda Guerra Mundial, es un anacronismo de la Guerra Fría y debe ser abolido, dentro de una reforma integral de las instituciones de las Naciones Unidas.

Así, la iniciativa de Ucrania del despliegue de una operación de la paz de la ONU – para poner fin al conflicto bélico en el Este de Ucrania – presentada todavía en 2015, buscaba más de dos años el apoyo diplomático. El año pasado dimos un nuevo ímpetu a esta idea y creemos que ahora entramos en una etapa final de las discusiones sobre la necesidad y las modalidades de la presencia de la ONU en el Este de Ucrania. Todos nuestros socios más importantes – tanto del proceso de Minsk, como del formato de Ginebra, o sea, Alemania, Francia, EEUU apoyan la idea del despliegue de una misión de la ONU en el territorio temporalmente ocupado del Este de Ucrania, inclusive con la parte de la frontera ucraniano-rusa que está temporalmente fuera del control del Gobierno Ucraniano.

En este sentido, me gustaría recordarles a todos que la región del Donbás en el Este de Ucrania sigue siendo otro punto candente en el conflicto que nos opone a Rusia. Desde la autoproclamación de las llamadas “repúblicas” separatistas de Donetsk y Luhansk en marzo de 2014, cuyos líderes no son más que títeres implantados por Moscú que se mantienen en el poder gracias al apoyo financiero, logístico, militar de Rusia, que Ucrania no escatima los esfuerzos para recuperar dichos territorios y devolverlos bajo la jurisdicción del Estado Ucraniano. Lamentablemente, a pesar de los continuos intentos de Ucrania, apoyada por nuestros socios internacionales, de poner fin al conflicto en el Donbás, el mismo todavía está lejos de ser arreglado – por la única razón de que Moscú no está mínimamente interesada en su arreglo, en cumplir su parte de los acuerdos de Minsk, firmados por su representante, y hacerlos cumplir a sus títeres locales.

Este conflicto bélico abierto tiene consecuencias trágicas para nuestro país. El número de las víctimas de la agresión rusa y de la actuación de los grupos armados (terroristas) pro-rusos ya supera 35 mil, entre los cuales más de 10 mil fallecidos entre soldados ucranianos y población civil. Este número incluye también las casi 300 personas que fallecieron a raíz del derribo, en julio de 2017, del avión malasio MH-17 con misil antiaéreo “Buk” traído del territorio ruso.

Por lo tanto, desde el punto de vista de Ucrania, el propósito fundamental de un despliegue de la OMP debe consistir en el establecimiento de una paz duradera en el Donbás y la resolución pacífica del conflicto ruso-ucraniano; el restablecimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas; la implementación eficaz de los Acuerdos de Minsk; la restauración del Estado de Derecho y de la orden constitucional de Ucrania en la región.

Lo más importante es que tal misión de la ONU no debe servir a la perpetuación de la línea de contacto existente, la legitimación de los llamados “representantes de DNR/LNR” en los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Luhansk, la conservación de cualquier tipo de presencia rusa en el Donbás, inclusive como parte de dicha misión; tampoco debe impedir de alguna forma a la OSCE u otras presencias internacionales en el Donbás en el cumplimiento de su mandato, o restringir la libertad de su movimiento.

En general, el enfoque de Ucrania hacia la solución del conflicto que tenemos con Rusia se basa principalmente en las herramientas del derecho internacional y el progreso de Ucrania en el camino de las reformas. Creemos que tales mecanismos, como sanciones, monitoreo, fallos de instancias judiciales internacionales, resoluciones de organismos internacionales aportan para estos fines.

En este sentido, creemos que nuestro principal “aliado” en esta tarea es el derecho internacional. Los culpables y criminosos, en cualquier caso, serán llamados a la justicia, tarde o temprano, como nos muestra la Historia, por ejemplo, en el caso de la ex-Yugoslavia.

Moscú cada vez más se choca con decisiones de los órganos competentes internacionales que no son de su agrado. La última prueba de ello es la decisión del Tribunal de Arbitraje Internacional de Estocolmo que satisface la demanda de la empresa ucraniana Naftogaz contra el gigante ruso Gazprom, obligándolo a pagar $4,63 mil millones en compensación por no entregar los volúmenes acordados de tránsito de gas.

Resumiendo lo antes mencionado, puedo decir que, en nuestra visión, los próximos pasos para promover la política de liberación de los territorios ucranianos del agresor deberían incluir:

-         el despliegue de una operación de la paz de la ONU en el Este de Ucrania para asegurar el cese del fuego y la reintegración completa del Donbás a Ucrania;

-         el establecimiento de una plataforma internacional de los amigos de la de-ocupación de Crimea;

-         el mantenimiento y refuerzo del régimen internacional de sanciones contra el estado-agresor;

-         otras herramientas posibles de la de-ocupación de Crimea.

Damas y Caballeros,

Para concluir mi intervención de hoy, quisiera señalar un hecho muy importante que hay que tener en cuenta cuando analizamos la situación en torno a Ucrania en el transcurso de los últimos cuatro años desde el inicio de la agresión rusa. Al defender nuestra soberanía, independencia e integridad territorial, estamos, al mismo tiempo, defendiendo los valores democráticos que crearon una Europa económicamente próspera, una Europa étnica y religiosamente tolerante, una Europa solidaria, una Europa comunitaria.

Con la sangre que sus hijos e hijas han derramado en el EuroMaidán y en el Donbás, Ucrania demuestra su compromiso con estos valores, reafirmando su identidad europea y su vocación europea. Por la primera vez en la historia del continente un país no comunitario –  todavía no comunitario – muestra sin vacilación alguna su determinación de luchar por estos valores. La guerra gestada y desatada por el Kremlin contra esta Ucrania europea complica enormemente las tareas de la transformación interna del país, pero definitivamente no está en condiciones de detener el avance de Ucrania hacia la civilización europea.

Por otro lado, como mostraron las acciones subversivas de Moscú de los últimos años (ciberataques, campañas de desinformación y “fake news”, injerencia en procesos electorales, asesinatos de personas en territorios de otros estados), la comunidad democrática debe aunar los esfuerzos para contrarrestar esta nueva amenaza de la guerra híbrida que tiene todas las chances de convertirse en una nueva guerra fría, pero en un nivel mucho más sofisticado y peligroso.

Ucrania sigue fiel a la idea del arreglo pacífico del conflicto con Rusia, a base de los Acuerdos de Minsk, y seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Pero lamentablemente la paz no depende solo de nosotros. Esta paz, tan desesperadamente anhelada por el pueblo ucraniano, sólo puede ser lograda si Moscú, bajo la mancomunada presión internacional, finalmente decide retornar al cauce del derecho y la legalidad, empieza a cumplir con sus compromisos y retira a sus militares, mercenarios, armas y municiones del territorio de Ucrania, al igual que cese su apoyo incondicional a los títeres secesionistas. Pero para que esto suceda es de extrema importancia que se tome la decisión de desplegar una misión internacional de paz en el Donbás y que las decisiones de la justicia internacional contribuyan a devolver Crimea, que nos fue cínicamente robada hace cuatro años, a Ucrania.

¡Muchas gracias por su atención!

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