La guerra híbrida desatada por la Federación de Rusia contra Ucrania en febrero de 2014 tiene formas más diversas. La organización y la celebración, bajo las miras de los “hombrecitos verdes” enviados por el Kremlin, de un “referéndum” ilícito y fraudulento en Crimea, cuyos “resultados” no confirmados por ningún observador creíble dieron lugar a la proclamación de la “independencia” de la República Autónoma y a subsecuente anexión de esa parte del territorio ucraniano por Rusia. La comunidad internacional por supuesto no reconoció dicha anexión considerándola una flagrante violación de los principios básicos del derecho internacional, como la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras, lo que fue claramente manifestado por la aprobación, con 100 votos a favor contra apenas 11, de la Resolución de la Asamblea General de la ONU “Integridad Territorial de Ucrania” el 27 de marzo de 2014.

Sin embargo y a pesar de las protestas de Ucrania y de sus aliados, Rusia ha hecho caso omiso a las voces de la comunidad internacional, así como a respectivas sanciones políticas y económicas impuestas por muchos países democráticos del mundo, prosiguiendo con su política de la ocupación de Crimea y de la opresión a las etnias que se opusieron a la incorporación de la península a la Federación Rusa, en primer lugar, los tártaros de Crimea y los ucranianos.

En el intento de legitimar la anexión, en los últimos dos años y medio Moscú hizo varias tentativas de traer a Crimea a políticos sin escrúpulos de algunos países europeos, en su mayoría representantes de partidos marginales de extrema derecha o izquierda que tienen lazos sólidos con el Kremlin. Todos esos políticos, cuya posición económica habrá mejorado considerablemente tras dichas visitas, han formado posteriormente parte de las “listas negras” al ver su entrada en Ucrania prohibida por violar la legislación nacional en materia de entrada en los territorios ocupados.

Ahora viene un nuevo intento de legalizar la ocupación de Crimea por parte de Moscú. El próximo domingo, 18 de septiembre, tendrán lugar las elecciones a la Duma Estatal (Cámara baja del parlamento ruso) y los habitantes del Kremlin no inventaron nada mejor que organizar la votación también en los territorios ocupados de Crimea y de la ciudad de Sebastópol. Para facilitar jurídicamente la “legalización” y evitar posibles críticas, el Gobierno de Moscú, pocos meses antes de las elecciones liquidó el distrito federal de Crimea y unió la península administrativamente al Distrito Federal Sur con el centro en Rostov.

En esas “elecciones” en Crimea deben ser elegidos cuatro diputados mayoritarios en circunscripciones uninominales. Además, los residentes de Crimea deberán votar por 225 diputados de las listas partidarias en distritos plurinominales.

Para el Gobierno Ucraniano, las elecciones en la Crimea ocupada violan claramente las normas y principios del derecho internacional, las respectivas resoluciones de la ONU y del Consejo de Europa, sin hablar de la legislación ucraniana en vigor. Pero el asunto es mucho más serio. Desde el punto de vista puramente legal, el futuro parlamento ruso no tendrá legitimidad si se mantiene la votación en los territorios ocupados. Veamos por que.

Los 4 diputados mayoritarios que saldrán electos en las circunscripciones formadas para el efecto en Crimea y en Sebastópol serán fácilmente identificables, lo que permitirá asegurar su no reconocimiento. Al mismo tiempo, la otra mitad de la Duma, o sea 225 diputados, según la legislación electoral rusa, se eligen en la base proporcional. Una vez que los electores en la Crimea ocupada votarán por las listas partidarias, será imposible identificar a candidatos que se eligirán en la península. De esta forma, dichos 225 diputados serán deligitimizados. Si sumamos 4 diputados de la primera mitad con 225 de la segunda, tenemos 229 diputados – una mayoría ilegítima que será suficiente para aprobar decisiones ilegítimas del nuevo parlamento ruso.

Llevando en consideración lo arriba mencionado, Ucrania hizo un llamamiento a la Federación de Rusia para revogar su decisión de organizar la votación en los territorios ucranianos temporalmente ocupados. Al mismo tiempo, el Parlamento Ucraniano exhortó a los parlamentos de los países del mundo y las organizaciones interparlamentarias internacionales a abstenerse del reconocimiento de los resultados de esas “elecciones”, así como a no reconocer cualquier delegación rusa en las asambleas parlamentarias que esté integrada por diputados “electos” en Crimea.

La Unión Europea, la OSCE, el Consejo de Europa y las Cancillerías de muchos países europeos ya manifestaron su posición con relación a las ilegítimas elecciones, al declarar que ninguna misión de observación electoral viajará a Crimea para monitorear el proceso electoral. Más aún, ellos confirmaron su posición de principio de no reconocer la anexión ilegal de Crimea por Rusia, pues según todas las normas internacionales la península sigue siendo considerada parte inalienable de Ucrania.

En estas condiciones, el mundo democrático y civilizado debería optar por el camino del no reconocimiento de los resultados de las elecciones y de la nueva composición de la Duma Estatal pues queda evidente que las elecciones ilegales en Crimea transfieren clara y automáticamente esta ilegalidad a toda la composición del nuevo parlamento ruso, a todo el proceso electoral y toda la rama legislativa del poder de Rusia.

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